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Dossier. Colombia, tierra de pelea: le(s) conflit(s) au cœur de la société

Situación actual y perspectivas de la guerra interna

Situation actuelle et perspectives de la guerre interne en Colombie
Current situation and prospects of internal war in Colombia
Jaime Zuluaga Nieto

Résumés

Depuis soixante ans la Colombie est confrontée à une guerre interne. À la fin du xxe siècle cette guerre s’empire, sa nature et sa dynamique sont affectées par l’expansion et la consolidation de l’économie des organisations criminelles internationales du narcotrafic, par le renforcement du paramilitarisme et par les changements de modèle de développement et de la nouvelle Constitution de 1991. À la fin de ce siècle les guérillas sont à l’offensive, fortifiées militairement mais affaiblies politiquement. Le narcotrafic et le pararmilitarisme ont partiellement coopté l’État et participé à la reconfiguration des pouvoirs économiques et politiques municipaux et départementaux. Au début du siècle suivant le gouvernement, avec l’appui des États-Unis, a restructuré les forces militaires, avancé sur le champ de bataille par de nombreuses initiatives et retourné en sa faveur le rapport de force. Ces avancées ont un coût : une grave crise humanitaire et des droits de l’homme et un traitement inadéquat du paramilitairisme. La guerre se déplace vers les zones marginales et frontières et le gouvernement après avoir mis l’accent sur la sécurité passe à l’économie. C’est dans ce contexte que s’ouvrent les discussions pour la paix avec les Farc-EP dans la perspective d’un accord qui mettrait fin au conflit.

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Texte intégral

Introducción

1La guerra interna que afronta Colombia se inició en los años sesenta del siglo xx con el surgimiento en 1964 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc – y el Ejército de Liberación Nacional – ELN –, y en 1967 del Ejército Popular de Liberación – EPL – Estas organizaciones le plantearon al Estado una guerra de naturaleza ideológica y política, cuyo escenario fundamental es el campo, orientada a la conquista del poder para el pueblo a efectos de construir el socialismo. Se localizaron en zonas rurales atrasadas, de escasa población y, aunque se presentan como proyectos nacionales su incidencia es, en el mejor de los casos, regional y no logran articularse significativamente a los conflictos y luchas de la época. La izquierda armada nace dividida y así se mantendrá hasta hoy. Después de un auge inicial se sumergieron en una dinámica de declinación de la que sólo lograron salir a fines de los años setenta. Para ese entonces se habían diversificado aún más con la presencia del Movimiento 19 de Abril, M19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Patria Libre, MIR-PL y el Movimiento Armado Quintín Lame. El nuevo auge guerrillero estuvo asociado a la severa crisis de legitimidad que afrontó el régimen político por la corrupción, incapacidad para tramitar las demandas sociales, la militarización del tratamiento de la protesta social y las masivas violaciones de los derechos humanos al amparo del Estatuto de Seguridad expedido por la administración Turbay Ayala (1978-1982) [Leal y Zamosc, 1990] También a replanteamientos del discurso político, planes de expansión territorial y, como factor exógeno, el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en 1979.

2Los gobiernos intentaron resolver la guerra por la vía militar o por la negociación política. La primera negociación se intentó en 1984 por el presidente Belisario Betancur quien suscribió acuerdos de tregua con las Farc, el M19 y el EPL. A pesar del amplio respaldo de la sociedad las negociaciones fracasaron. El “holocausto del Palacio de Justicia” y el exterminio a sangre y fuego de la Unión Patriótica, movimiento político creado a partir del Acuerdo entre el gobierno nacional y las Farc, testimonian este fracaso. Es en esta década que adquiere relevancia el narcotráfico y surge el paramilitarismo. Uno y otro incidirán en los cambios en la naturaleza y dinámica de la guerra. Por su parte el Estado colombiano se desenvolvió entre los vaivenes de la crisis de legitimidad del régimen político, apoyado el gobierno en la lucha contrainsurgente en fuerzas militares y de policía cuestionadas por comportamientos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y por la penetración de los intereses de las organizaciones criminales del narcotráfico y las alianzas de facto con paramilitares [Zuluaga, 2009].

3En este artículo analizo algunos cambios relevantes en la sociedad colombiana a partir de los años ochenta, en particular las transformaciones que experimenta la guerra interna en su naturaleza asociados a la importancia que adquieren el narcotráfico y el paramilitarismo y las complejas articulaciones entre estas organizaciones, sectores del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad, así como las políticas adoptadas por los gobiernos para enfrentar el fenómeno insurgente y algunos de sus resultados. Finalmente me ocupo del cambio de correlación de fuerzas entre el Estado y la insurgencia y condiciones de posibilidad de avanzar en la resolución de la guerra por la vía de la negociación política.

Reformas estructurales y cambios en la naturaleza de la guerra

4Entre los años ochenta y noventa se desenvuelven en Colombia cuatro procesos diferentes que terminan articulándose y provocando una serie de efectos azarosos. Ellos son (i) el escalamiento de la guerra interna, (ii) la expansión y consolidación del narcotráfico y el paramilitarismo, (iii) el cambio en el modelo de desarrollo y (iv) el proceso constituyente que desemboca en el cambio de Constitución Política. Se trata de procesos que responden a causalidades y lógicas diferentes pero que al coincidir en el tiempo terminan por articularse y de esa articulación deriva, en gran medida, la complejidad que caracteriza la actual situación del país y de su guerra interna.

5(i) El escalamiento de la guerra se produce en el marco de la recuperación de las guerrillas, alimentada por la profundidad de la crisis del régimen político a fines de la década del setenta. Las guerrillas terminan por replantear sus estrategias de lucha, buscan fortalecer sus articulaciones con los movimientos sociales, incorporan en algunos casos reivindicaciones democráticas como ya lo había hecho el M19 desde su nacimiento en 1973 y se trazan planes de crecimiento para lograr presencia territorial nacional. Desde 1982 las Farc se proponen “desdoblar” sus frentes y construir ejército; el ELN se plantea el trabajo político cerca de las comunidades locales en una especie de “propaganda armada” para construir lo que llaman “poder popular”, y el EPL rompe con el maoísmo, adopta la lucha por la democracia y busca crear frentes en otras regiones. Para atender las demandas asociadas al crecimiento y las urgencias de la guerra las guerrillas recurren a la extorsión de empresas nacionales y extranjeras y al secuestro de civiles, lo cual fortalece sus finanzas pero mina la credibilidad en su proyecto ético político.

  • 1 En un comienzo los narcotraficantes buscaron espacios políticos en Antioquia y el eje cafetero con (...)

6(ii) El narcotráfico adquiere relevancia desde 1975 y su expansión y consolidación provocó relevos en elites regionales sociales, económicas y políticas1, creó un denso tejido de relaciones de participación en el negocio ilícito a través del cual se distribuyeron excedentes, lo que se tradujo en complicidades activas y pasivas en todos los sectores sociales y en instituciones públicas y privadas [López, 2005] que se rompieron parcialmente a raíz del asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 y la aplicación del tratado de extradición con los Estados Unidos. El narcotráfico incide desde entonces en las dos orillas de la guerra: en la insurgente, mediante la cesión de excedentes del negocio con diferentes modalidades de “tributos” con el objeto de acceder a zonas de cultivos de uso ilícito, operar laboratorios y utilizar “corredores” para el tráfico de drogas y armas en zonas bajo control de las guerrillas. Estos “tributos” se convirtieron en una fuente importante de financiamiento de las guerrillas, en particular de las Farc. En la orilla contrainsurgente penetra con su poder de corrupción sectores del Estado – miembros de la fuerza pública, organismos de seguridad, jueces, funcionarios de todos los niveles – y sectores de la sociedad – dirigentes gremiales, políticos, entre otros.

7El paramilitarismo es un fenómeno complejo en una guerra compleja, como señala Kalyvas: “las guerras civiles no son conflictos binarios sino procesos complejos y ambiguos que fomentan una aparente mezcla masiva aunque variable de identidades y acciones, al punto de ser definida por esa mezcla” [Kalyvas, 2004, p. 52]. Esta mezcla de “identidades y acciones” se expresa en las diversas caras del paramilitarismo: agentes estatales que operan como “escuadrones de la muerte” en la lucha contrainsurgente [Medina, 1990], grupos al servicio de los intereses de elites regionales que chocan con las políticas nacionales de paz [Romero, 2003] y de sectores sociales con poder económico que suplen la incapacidad del Estado de garantizarles seguridad frente a las exacciones de las guerrillas y la delincuencia común; grupos al servicio del narcotráfico, bien sea para defenderlos de la amenaza guerrillera o para “pacificar” las zonas en las que han adquirido tierras. Articulaciones complejas que explican la diversidad de sus orígenes, la heterogeneidad de los grupos, la rápida consolidación, expansión y magnitud que alcanza el paramilitarismo en Colombia, la autonomía relativa respecto del Estado y, la multiplicidad de funciones que cumplen: vigilantes, escuadrones de la muerte con cobertura supralocal, controladores del crimen, autodefensas rurales [Rangel, 2005]. En la expansión y consolidación de estos grupos ejercieron un incuestionable liderazgo las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

8(iii) Colombia cambió de su modelo de desarrollo en los años ochenta y noventa: abandonó la política proteccionista y abrió la economía al mercado internacional, a tono con las políticas neoliberales y las formas de reinserción en la economía mundo. Este cambio, sobre todo por la forma abrupta como se dio y las consecuencias negativas para algunos sectores, produjo fisuras entre las elites económicas. Tal fue el caso de los agricultores. Igualmente se avanzó en la privatización de empresas y servicios públicos y en la desregulación estatal de los mercados. El cambio de modelo puso fin al acuerdo de las clases dominantes en torno al modelo de desarrollo liberal que se adoptó desde la Segunda Posguerra mundial. El nuevo modelo de desarrollo se caracteriza por demandar menos Estado.

9(iv) Resultado de la profunda crisis de legitimidad del régimen político, de la desmovilización del M19 en 1990 y del movimiento de insurgencia ciudadana que busca un nuevo pacto político se dio el proceso que desembocó en la convocatoria y elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la adopción de la nueva Constitución Política en julio de 1991, con la participación de sectores tradicionalmente excluidos: negros, indígenas, mujeres, estudiantes, exguerrilleros, nuevos movimientos políticos, iglesias diferentes a la Católica, entre otros. Se puso fin además al acuerdo de control bipartidista del Estado que operaba 1958. La Constitución consagró el Estado Social de Derecho y la democracia de participación, cuya concreción demanda más Estado.

  • 2 Sectores de las Fuerzas Militares se comprometieron con la organización de estos grupos, tal como l (...)

10Los cambios coetáneos del modelo de desarrollo que demanda menos Estado y de la Constitución cuya aplicación requiere más Estado crearon una contradicción estructural que desde entonces ha incidido en las fracturas entre las clases dominantes. En el proceso constituyente y en la definición de los contenidos democratizadores que caracterizan la nueva Constitución jugó un papel determinante la nueva fuerza política creada a partir de la desmovilización de las guerrillas, la Alianza Democrática M19. Hay que destacar la paradójica situación de los noventa: el más importante proceso de democratización institucional del siglo xx se produjo en medio del escalamiento de la guerra y de la violencia promovida por el narcotráfico y el paramilitarismo que cobró la vida de centenares de líderes sociales, políticos, académicos y la de cuatro candidatos presidenciales para las elecciones de 1990. El creciente poder paramilitar se manifestó además, a partir de los años noventa, en alianzas con elites políticas regionales que instauraron “verdaderas dictaduras locales” como “respuesta a los avances democráticos que trajo la Constitución de 1991” y a los posibles acuerdos de paz con las guerrillas como resultado de las negociaciones entre el gobierno de Pastrana y las Farc [Valencia, 2007]. En síntesis, el paramilitarismo expresa las interacciones entre intereses privados de ganaderos, agricultores y otros sectores de la sociedad, y los intereses de la política contrainsurgente del Estado; la resistencia de elites regionales a las políticas nacionales de paz de los gobiernos; la defensa de intereses de narcotraficantes articulados a la lucha contrainsurgente del Estado2.

Ofensiva insurgente y paramilitar en los años noventa

11A fines de los ochenta la sociedad colombiana es aquejada por múltiples formas de violencia, “violencia política, violencia vinculada con la economía de la droga, violencias de limpieza social, y, sobre todo, la violencia desorganizada, la que afecta la vida cotidiana…” [Pécaut, 2003, p. 93]. En particular la violencia del narcotráfico adquirió relevancia en el marco de la lucha de los narcotraficantes contra la extradición: el recurso al terror y la penetración de las instituciones estatales desafiaron la estabilidad institucional. El Presidente Barco (1986-1990) declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en una empresa solitaria: parte de la dirigencia política tradicional cedía ante el chantaje terrorista o era cooptada y la oposición legal diezmada por el narcotráfico y el paramilitarismo. Entre el terror y la corrupción se profundizó la crisis del régimen político. El narcotráfico logró desde entonces determinar en gran medida los cambios en el contexto político y social, fortalecer sus redes con sectores del Estado y fuerzas militares y de policía e incidir de manera significativa en la guerra interna [Pécaut, 2003 a, p. 25-37]. En este ambiente de guerra sucia, ascenso paramilitar, narcoterrorismo, fortalecimiento y expansión territorial de las guerrillas se gestó el proceso de paz que condujo a la desmovilización de varias organizaciones guerrilleras: en l990 el M19, y en 1991 el EPL, el MAQL y el PRT optan por la negociación política para salir de la guerra y convertirse en organizaciones políticas legales, en los únicos procesos de paz exitosos hasta el momento. Pero son negociaciones parceladas que no logran poner fin a la guerra, ésta continúa con la persistente presencia de las Farc, el ELN y una disidencia del EPL.

Los años noventa: fortalecimiento militar de las guerrillas versus legitimidad política

12El derrumbe del llamado campo socialista, la caída del gobierno sandinista en Nicaragua, el desarrollo de las negociaciones paz en El Salvador y Guatemala, la desmovilización de algunas guerrillas en Colombia y los contenidos democratizadores de la nueva Constitución cuestionaron la validez de la continuidad de la guerra insurgente en Colombia. Por su parte el gobierno consideró que el fracaso del proyecto socialista y la vigencia de la nueva Constitución Política dejaban sin fundamento ideológico, apoyo internacional y sustento político a las guerrillas y que su derrota era cuestión de pocos meses. A partir de esta visión la administración Gaviria (1990-1994) se comprometió con la llamada “Guerra integral”. Lejos de ser derrotadas las guerrillas acentuaron su ritmo ascendente y las Farc y el ELN alcanzaron a fines del siglo una fortaleza militar y presencia territorial que nunca antes habían conocido.

13Las Farc pasaron de 27 frentes en 1982 a 68 en 1995 y se consolidaron en zonas de importancia económica: latifundio ganadero, producción de banano, petróleo, oro, regiones cocaleras, así como en corredores estratégicos para el desarrollo de la guerra en Urabá, el Pacífico y el nororiente. También se ubicaron en zonas fronterizas – Panamá, Venezuela y Ecuador – y fortalecieron su presencia en algunas capitales: Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja, Bogotá, Medellín, Pereira y Cali [Echandía, 1999] Incidieron en las elecciones saboteándolas o controlándolas en sus zonas de influencia. Este crecimiento acentuó el nomadismo de sus fuerzas y modificó la relación con la población en la medida en que su creciente poder militar y abundantes recursos financieros le relevan parcialmente del trabajo de ganar la conciencia de los pobladores. Ganaron en movilidad pero perdieron en relación con la población que tiende a fundarse más en la coerción que en la persuasión.

14El ELN fue la guerrilla que más creció a fines de lo ochenta: el 500 % en 1989 y pasó de 5 a 22 Frentes de Guerra. Estos son estructuras complejas que articulan territorio, población y organización orientados al trabajo con las comunidades locales. Su expansión sigue la geografía del petróleo, el carbón y el oro. Ejercen presiones sobre las administraciones locales y tienden a volverse una guerrilla sedentaria. Fortalecen su trabajo en centros urbanos y crean redes y milicias en Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Armenia, Pereira, Manizales, Medellín y Cali [Echandía, 1999a; Aguilera, 2006].

15El crecimiento militar y la expansión territorial de las guerrillas modificaron la geografía del conflicto armado. De zonas periféricas de colonización, pobres, económicamente atrasadas y de baja densidad poblacional se extendieron hacia zonas de economía moderna y zonas fronterizas (Venezuela, Ecuador y Panamá), y se acercaron a los grandes centros urbanos. La Consejería Presidencial para La Paz registró en 1985 presencia guerrillera en 173 municipios; en 1991 en 437 y en 1996 en 622 de un poco más de mil que había en esa época. De esta manera, potencialmente tienen mayor capacidad de incidencia en la población y en la economía y mejores posibilidades para desarrollar sus prácticas extorsivas lo que fortalece la percepción de amenaza y la inserción de grupos paramilitares, quienes ofrecen a ganaderos, agricultores, comerciantes, entre otros, la seguridad que el Estado no les garantiza. La de las guerrillas es una parábola de crecimiento que termina por sustituir la conquista de conciencias por la de territorios, minar su precaria legitimidad política y deriva en la progresiva degradación de la guerra aumentada exponencialmente con la expansión y consolidación paramilitar.

El paramilitarismo y sus multiformes redes de poder

16El paramilitarismo se extendió en los años noventa por buena parte de la geografía nacional y creció a un ritmo superior al de las guerrillas. Aunque su expresión visible son los poderosos ejércitos privados, se trata de un fenómeno multidimensional cuyas redes de poder son, además de la militar, las económicas, políticas y sociales.

17El gobierno de César Gaviria los enfrentó sin éxito con persecución policial y política de sometimiento a la justicia; el de Ernesto Samper favoreció su “legalización” y expansión al autorizar las Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir. Estas se hicieron muy fuerte en Antioquia bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez [Garzón, 2005, p. 65]. El desmantelamiento de las organizaciones de los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano, en 1994 y 1995, fortaleció a los paramilitares. Las ACCU se apoderaron de sus negocios de tráfico de drogas, ampliaron sus dominios en Urabá, Córdoba, Sucre y Antioquia y se legitimaron con importantes apoyos regionales de empresarios a cambio de seguridad. a comienzos de los noventa algunos estudios registran presencia paramilitar en cerca de doscientos municipios, de los cuales el 47 % corresponde a los de estructura rural atrasada de latifundio ganadero y agrícola, el 10 % a estructura rural desarrollada con agricultura comercial y empresarial y el 13 % a campesinado medio acomodado. En contraste con las guerrillas que nacen en zonas rurales pobres y marginales, los paramilitares nacen en zonas prósperas e integradas a la economía nacional o mundial, cuyas elites los apoyan porque se sienten amenazadas por el avance guerrillero, el abandono estatal y las políticas de modernización y de paz [González, Bolívar, Vásquez, 2002].

18Bajo el liderazgo de las ACCU se organizaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC – con el objetivo de agrupar el heterogéneo universo paramilitar, dotarlo de mando nacional, coordinar acciones y ampararlo en un bien estructurado discurso contrainsurgente con el propósito de ganar reconocimiento político. Bajo las banderas de las AUC entran en una dinámica expansiva que los lleva en una escalada de terror desde Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio al Sur de Bolívar, Magdalena, la Guajira, Cesar, Santander, Norte de Santander especialmente en el Catatumbo, Casanare, Meta, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo anegando en sangre los territorios en los que se asientan. Disputan a las guerrillas territorios importantes para el narcotráfico como zonas de cultivo o corredores estratégicos y generan fuertes flujos de desplazamiento (Gráfica 1).

Gráfica1.Poblacióndesplazadaadiciembre31de2005

Gráfica 1. Población desplazada a diciembre 31 de 2005

Fuente: Codhes.

19En algunas regiones su expansión corre paralela con la de la economía del narcotráfico y la adquisición de tierras por parte de los narcotraficantes (Gráfica 2 y Mapa 1). Si al comienzo de la década de los noventa los principales infractores del derecho internacional humanitario eran las guerrillas y la fuerza pública, al final de ésta son los paramilitares. Son el grupo armado con más altas tasas de crecimiento. Las guerrillas también incrementan sus acciones y violaciones al DIH al final de la década.

Gráfica2.Totalcultivosilícitosvs.númerodehombresdeautodefensasilegales

Gráfica 2. Total cultivos ilícitos vs. número de hombres de autodefensas ilegales 

Fuente: Ejército Nacional, Departamento de Estado de los EEUU, Junio 2000.

Mapa1.municipiosconcomprasdetierraspornarcotraficantes,1995

Mapa 1. municipios con compras de tierras por narcotraficantes, 1995

Fuente: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEPRI – Universidad Nacional. Proyecto drogas ilícitas en Colombia. Bogotá, Universidad Nacional.

20Los paramilitares logran instaurar un nuevo modelo de control social, político y de seguridad en las regiones donde se implantan. Establecen relaciones con las dirigencias políticas locales y terminan por cooptar forzadamente al Estado. Aterrorizan a la población mediante masacres, descuartizamientos; provocan el desplazamiento o la sumisión de las personas y, una vez controlado el territorio, recurren a políticas blandas como el financiamiento de programas productivos y la “limpieza” de la zona para ganar bases sociales.

Entre la guerra y La Paz: Plan Colombia y negociación política con las guerrillas

21La expansión guerrillera y paramilitar cambió la geografía política de la guerra al final del siglo xx: es notoria la hegemonía paramilitar en el norte, donde la guerrilla pierde el control de los corredores estratégicos de Urabá y el nororiente; en tanto la guerrilla es hegemónica en el suroriente, piedemonte de la cordillera oriental y la Amazonia. Guerrillas y paramilitares crecen y tienen la iniciativa en el campo de batalla, mientras que las fuerzas militares y de policía se encuentran en una posición reactiva.

22La última fase de la expansión guerrillera en los años noventa se produjo en el marco de la crisis de legitimidad que afectó al gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) por la penetración de dineros del narcotráfico en la campaña política, la descertificación de Colombia en la lucha antinarcóticos por parte de los Estados Unidos y el fuerte deterioro de las relaciones entre los dos países. Esta crisis afectó al gobierno y al Estado y favoreció el fortalecimiento militar de las guerrillas. Adicionalmente las organizaciones criminales internacionales del narcotráfico se sostuvieron a pesar de la desarticulación de los llamados carteles. Creció, se consolidó y extendió por el territorio nacional el paramilitarismo, incluso en zonas de presencia histórica de las guerrillas, de la mano de los poderes políticos y económicos locales y departamentales y en alianza con sectores de la fuerza pública. Todos estos factores configuraron un cuadro crítico de la situación nacional que llevó a influyentes Think Tank estadounidenses a considerar al país como una amenaza para la región, y encontrarse ad portas de ser un “estado fallido”. Entre 1996 y 1998 las Farc dieron duros golpes a las Fuerzas Militares: destruyeron sus bases en Las Delicias, Puerres y el cerro Patascoy; aniquilaron un grupo de elite en pleno movimiento en El Billar y se tomaron Mitú, capital del departamento del Vaupés en el oriente del país. Adicionalmente capturaron centenares de militares y policías con el objeto de presionar la expedición de una “ley de canje” por guerrilleros en prisión [Zuluaga, 2009].

23En este complejo contexto el presidente Pastrana (1998-2002) se comprometió a negociar con las Farc, y al hacerlo asumió una política de dos carriles: uno para negociar con las Farc su salida de la guerra, otro para restructurar y modernizar las Fuerzas Militares con recursos del Plan Colombia.

24La negociación se adelantó desde enero de 1999, con significativo acompañamiento internacional, cediendo a la exigencia de las Farc de desmilitarizar cinco municipios en el sur del país en los que se desarrollaría el proceso en tanto en el resto continuaba la guerra. A pesar de haber acordado la Agenda Común por el cambio hacia una nueva Colombia la negociación de la misma no avanzó por las recurrentes crisis de la mesa. Los diálogos naufragaron en medio de las tensiones de una negociación mal planteada y peor conducida por el gobierno y la conducta de las Farc-EP que, dispuestas a sacar las mayores ventajas de las debilidades gubernamentales, incrementaron los secuestros y otras formas de acción violatorias del derecho internacional humanitario. Por decisión del presidente los diálogos se rompieron el 20 de febrero de 2002. La dinámica de las negociaciones y el fracaso de las mismas se convirtió en la peor derrota política para las guerrillas: amplios sectores de opinión repudiaron su comportamiento, manifestaron su rechazo a la negociación política y confirieron en las elecciones presidenciales un mandato al candidato Alvaro Uribe Vélez para resolver el conflicto armado por la vía militar. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington y la política de lucha mundial contra el terrorismo de la administración Bush, así como el frecuente recurso a acciones terroristas por parte de las guerrillas fortalecieron su identificación como organizaciones terroristas. Estas ya habían sido clasificadas como tales por el Departamento de Estado.

25Los recursos del Plan Colombia, el más ambicioso programa de cooperación militar entre los Estados Unidos y Colombia, hicieron posible la reingeniería de las Fuerzas Militares, su profesionalización, aumento de efectivos, la creación de unidades especializadas en la lucha contrainsurgente y la modernización de los equipos que les permitieron ganar la iniciativa en el campo de batalla. En ese momento Colombia se convirtió en el tercer país del mundo receptor de ayuda militar directa en el mundo, después de Egipto e Israel y en el primero en formación de militares en los Estados Unidos. Si bien el enfoque del Plan era fundamentalmente para combatir al narcotráfico, en realidad fue contrainsurgente y antinarcóticos. En la práctica entre 1999 y 2002 se habló de La Paz pero se hizo la guerra. Así se crearon las condiciones que hicieron posible que el nuevo gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) pudiera desarrollar con solvencia la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) [Zuluaga, 2007].

Hacia el cambio en la correlación de fuerzas: la Política de Seguridad Democrática

26La reingeniería de las Fuerzas Militares, el fracaso de las negociaciones de paz y el apoyo mayoritario del electorado a la salida militar de la guerra propuesta por Uribe Vélez fueron determinantes para el cambio en la dinámica de la guerra a partir del 2002. El gobierno adoptó la Política de Seguridad Democrática (PSD), concebida como un “círculo virtuoso” que a partir de la inversión en seguridad conduce por el camino de la confianza y la estabilidad al incremento de la inversión, el crecimiento económico y el fortalecimiento de las finanzas públicas para resolverse en el bienestar social. Pero el énfasis durante los ocho años del gobierno de Uribe Vélez fue el militar expresado en el objetivo de recuperar el control del territorio y garantizar la presencia de la fuerza pública en todos sus rincones. Se dedicaron ingentes recursos al aumento de pie de fuerza, profesionalización, modernización de equipos, creación de nuevas unidades especializadas, y se promovió la coordinación entre las diferentes armas y la asunción de actitud ofensiva para mantener la iniciativa en el campo de batalla. La total identificación con la política antiterrorista del presidente Bush garantizó la continuidad de la cooperación estadounidense [Zuluaga, 2008].

El Plan Patriota

27El gobierno buscó simplificar el escenario de la guerra. En esa dirección negoció con los paramilitares su desmovilización y concentrar la acción militar contra las guerrillas, especialmente las Farc. En síntesis, “corazón blando” con los paramilitares y “mano firme” con las guerrillas. El eje de la acción contrainsurgente fue el Plan Patriota, la más grande operación contrainsurgente de las últimas décadas, 18 000 efectivos concentrados en el suroriente para quebrarle la columna vertebral a las Farc. Estas se replegaron ante la presión militar, vieron reducir sus espacios y movilidad, perdieron redes logísticas y se debilitaron las de comunicación. La política de inducción a la desmovilización mediante recompensas ha sido relativamente eficaz. Las Farc debilitadas, a la defensiva, aisladas nacional e internacionalmente, conservan sin embargo una estructura militar importante. El secuestro y los recursos del narcotráfico que tanto fortalecieron sus finanzas les pasaron la cuenta de cobro con la deslegitimación política; su articulación a la economía del narcotráfico transformó sus relaciones con la población y el territorio, les posibilitó construir una poderosa máquina de guerra, amplió su capacidad de reclutamiento, pero aumentó su vulnerabilidad ante la presión militar, las incitaciones a la desmovilización y las ofertas de recompensas económicas y garantías jurídicas a sus combatientes. Tal vez allí se encuentra la clave que posibilitó la muerte de Raúl Reyes, el asesinato de Iván Ríos, la deserción de Karina, la exitosa Operación Jaque que condujo a la liberación de Ingrid Betancur y los tres norteamericanos en su poder, las bajas de Jorge Briceño, “Mono Jojoy” y de su comandante Alfonso Cano.

La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD)

  • 3 Entre el año 2002 y el 2006, para citar sólo algunos indicadores, se redujeron el número de homici (...)

28Bien pronto el esfuerzo militar reveló sus falencias y condujo a formular la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD). Al hacer el balance de la PSD y presentar la nueva PCSD el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sostuvo que “sus resultados fueron contundentes” y se recuperó el “control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Mejoró la percepción ciudadana sobre seguridad así como la confianza inversionista”3 [Santos, 2007]. Pero los enemigos se adaptaron y eso obliga a replantear la estrategia mediante la PCSD, fundada en la Doctrina de la Acción Integral según la cual se requiere combinar la acción militar y policial con la del conjunto de las instituciones estatales para garantizar la consolidación social del territorio. Es un plan en tres fases: control militar, estabilización y consolidación que implican transitar del “esfuerzo militar intensivo” al “esfuerzo político y social intensivo” para lograr el control social del territorio, ver Gráfica 3. Al analizar los resultados de la PCSD en 2010 es claro que las guerrillas fueron obligadas a un repliegue territorial que las condujo progresivamente a zonas marginales en una reconfiguración territorial del conflicto armado, quedaron a la defensiva y debieron volver a las formas clásicas de combate de la guerra de guerrillas, como se puede apreciar en el cuadro que refleja el cambio en la correlación de fuerzas.

Gráfica3.Planconsolidación

Gráfica 3. Plan consolidación

Fuente: Dirección de estudios sectoriales VPE/MDN.

Cuadro 1. Situación actual de la seguridad y la Defensa nacional (en porcentaje del territorio)

Cuadro 1. Situación actual de la seguridad y la Defensa nacional (en porcentaje del territorio)

Fuente: Dirección de estudios sectoriales VPE/MDN.

29Si a fines del siglo xx la guerrilla se encontraba en ascenso, en la primera década de este siglo se encuentra a la defensiva, sus efectivos se han reducido de manera significativa, ha perdido presencia territorial y su poder militar se encuentra relativamente confinado a regiones marginales y fronterizas. Según estimativos oficiales las habrían perdido cerca de 50 % de sus efectivos en bajas y desmovilizaciones (deserciones) y en el 2010 tendrían apenas entre ocho y diez mil hombres arma; por su parte el ELN tendría alrededor de dos mil quinientos hombres. En contraste las fuerzas militares y de policía pasaron de 313 406 efectivos en 2002 a 437 548 en 2009 [Mindefensa, 2010]. Las guerrillas ya no son una amenaza para la estabilidad del sistema y no constituyen una opción de poder, si es que alguna vez lo fueron. Se encuentran derrotadas políticamente aunque pueden sostenerse en la guerra muchos años más [Zuluaga, 2012].

El fracaso relativo del Plan Colombia y de la PDSD

30Tanto el Plan Colombia (fases I y II), cuya ejecución se inició en el 2000, como la PDSD que, con recursos de éste y del Estado colombiano continuó hasta el 2010, fracasaron en sus objetivos antinarcóticos y contrainsurgente. Durante estos diez años los Estados Unidos desembolsaron U$ 6,8 billones, [Isacson, 2009] y el Estado Colombiano aumentó su presupuesto en defensa y seguridad de 4,0 % a 5,2 % del PIB entre 2000 y 2009. Los cultivos de uso ilícito, según la misma fuente, se redujeron en forma significativa entre el 2000 y el 2002 de 163 289 a 102 071 al comienzo del Plan Colombia, pero después, en ocho años del 2002 al 2010 solamente se redujeron 34 046 hectáreas y para eso se asperjaron 1 084 784,3 [Mindefensa, 2010] a un costo social, ambiental y económico extraordinario para el pingüe resultado.

31Respecto de la política contrainsurgente, si bien se redujeron los efectivos, presencia territorial y capacidad de acción de las guerrillas, no se puso fin a la guerra y estamos lejos del “fin del fin”. Por el contrario, desde el 2007 se observa un incremento de las acciones por iniciativa de los grupos armados, sabotaje de la infraestructura vial y energética y actos terroristas, así como una reducción, entre el 2003 y el 2010 (septiembre) de bajas que pasaron de 1966 a 473 y capturas de 7 385 a 1 466 [Mindefensa, 2010]. Este fracaso relativo es relevante en el caso del paramilitarismo.

La desmovilización paramilitar

32Los paramilitares encontraron en el gobierno de Uribe Vélez una oportunidad para su desmovilización, resolver favorablemente su situación jurídica, eludir la extradición y preservar parte de su patrimonio. De allí que, a pesar de la persistencia del fenómeno insurgente, invocado como justificación de su existencia, negociaran la desmovilización de sus estructuras militares – Acuerdo de Santafé de Ralito de julio de 2003 – a cambio de garantías jurídicas, económicas y políticas. Estas se acordaron en la mesa de negociación pero cuando se buscó formalizarlas mediante Ley el Congreso las rechazó parcialmente por los inaceptables niveles de impunidad y ventajas ofrecidas. Posteriormente la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, aprobó un cuestionable tratamiento preferencial para los paramilitares que fue parcialmente desmontado por la Corte Constitucional al declarar inexequible el reconocimiento como delincuentes políticos, la preservación parcial de su patrimonio, reclusión por fuera de establecimientos carcelarios ordinarios, entre otros. La decisión judicial afectó el acuerdo con los paramilitares y cuando algunos de ellos comenzaron a develar las redes criminales con funcionarios, militares y dirigentes políticos fueron extraditados por el gobierno con el argumento de que continuaban delinquiendo desde las cárceles. Lo sorprendente de esta decisión presidencial, adoptada en el 2008, es que desde el 2004 organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron permanentemente que los paramilitares continuaban traficando y asesinando en las regiones, a pesar de que la negociación supuestamente estaba condicionada a la suspensión de todas sus actividades criminales.

33Según informes oficiales se desmovilizaron cerca de 32 000 personas pero el paramilitarismo en su expresión militar no desapareció aunque experimentó cambios significativos. Algunas de sus estructuras se conservaron, otras se transformaron pero todas persistieron en sus actividades: asesinatos, masacres, tráfico de drogas, amenazas a organizaciones sociales, etc. El gobierno desconoce su naturaleza paramilitar, las llama bandas criminales (Bacrim) con el argumento de no tener vocación contrainsurgente.

34La expansión paramilitar está asociada al cambio del modelo de desarrollo rural. Megaproyectos agroindustriales (palma, cacao, frutales, entre otros), agroforestales, energéticos y viales resultaron favorecidos por el desplazamiento de la población y el abandono de tierras provocado por los paramilitares y tolerado por Estado. El modelo de seguridad aplicado en zonas en las que se desarrollan algunos de estos megaproyectos es la “pacificación paramilitar”. Cultivos de palma aceitera han crecido en los últimos años en zonas de Bolívar, Atlántico, Guajira, Cesar, Norte de Santander y Santander, Meta, Casanare, Caquetá y Nariño. Según un estudio de Mingorance:

“Desde el inicio de la presente década, todas las áreas de expansión de las plantaciones de palma han coincidido geográficamente con áreas de expansión y presencia paramilitar […] algunas de las nuevas plantaciones en desarrollo se han financiado como proyectos productivos para los mismos desmovilizados de las AUC que antes incursionaron en esas mismas zonas […] hay una serie de proyectos productivos agroindustriales como la palma que tienen una importancia nuclear en la estrategia de control territorial paramilitar” [Mingorance, 2006. p. 31].

35Vicente Castaño, uno de los jefes paramilitares, declaró que consiguió empresarios para desarrollar los cultivos de palma.

  • 4 Revista Semana del 5 junio de 2005, edición 1205, “Habla Vicente Castaño”, entrevista disponible en (...)

“Queremos que nos dejen hacer nuevos modelos de empresas que ya hemos venido desarrollando a nivel nacional. […] En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos” [Semana, 2005]4.

36La expansión paramilitar cambió el mapa político en doce departamentos, eligieron en un verdadero juego de “testaferrato político” una amplia bancada parlamentaria e influyeron de manera definitiva en las elecciones presidenciales de 2002, como lo declaró Salvatore Mancuso, comandante de las AUC: “La gran mayoría de nosotros apoyamos a Uribe porque recibimos instrucciones de los comandantes y así lo hicimos en todos los departamentos con influencia del bloque Norte […] Como el discurso ideológico de Uribe parecía calcado del nuestro pero dentro de la legalidad, lo apoyamos inmediatamente.” [Revista Cambio, 2009, semana 28 de mayo al 3 de junio]. El poder político y militar fue su carta de entrada a la ventajosa negociación con el gobierno. El 34 % de los congresistas elegidos en el 2002, con votos que representan el 25 % de la votación para el Senado lo fueron con el apoyo narco paramilitar y “ocho de cada diez de esos congresistas entraron a hacer parte de la coalición del presidente Uribe y cogobernaron con él desde entonces. En el 2006 casi todos los congresistas de la parapolítica fueron reelegidos y mantuvieron la misma proporción y representatividad dentro de la coalición de gobierno” [López, 2010, p. 33]. La Fiscalía General de la Nación estima que una tercera parte de los alcaldes, gobernadores y congresistas de la última década pudieron haber sido promovidos por los paramilitares, cogobernaron con ellos y, en menor proporción. Con las guerrillas [López, 2010, 30]. Recientemente se entregó a la justicia estadounidense un reputado General de la Policía, quien fuera Jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia, durante buena parte de la administración Uribe Vélez. Fue condenado a trece años de prisión por sus confesos vínculos con los paramilitares.

37Hoy las llamadas Bacrim, continuidad de la dimensión militar del paramilitarismo, son consideradas como una amenaza a la seguridad mayor que la insurgencia. Para el 2001 Indepaz estima que los grupos narco paramilitares (Bacrim) están presentes en 406 municipios de 31 departamentos [Indepaz, 2012, p. 5]. Si la desmovilización negociada se pretendió acabar con la expresión militar del paramilitarismo es evidente el fracaso. Hoy se mantienen sus redes políticas, económicas, sociales y militares transformadas. Lo más notable, por supuesto, es la cooptación forzada del Estado y la relación contradictoria con las expresiones militares. Parte de la incapacidad para frenar la expansión neoparamilitar es que quienes tienen que combatirlos, en muchos casos son sus aliados como lo evidencian las judicializaciones de miembros de la fuerza pública.

Del énfasis en la seguridad al énfasis en la economía

38El positivo balance de la PSD en materia de seguridad para algunos sectores de la población y la reducción de indicadores de violencia, a pesar de su fracaso relativo en la acción antinarcóticos, contrainsurgente y frente al paramilitarismo, hay que contrastarlo con los costos políticos que para el proceso de construcción democrática han significado la polarización política, la criminalización de los opositores, la militarización de la vida nacional, el desmonte de algunas de las conquistas democráticas de la Constitución de 1991, el debilitamiento de las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad, el fortalecimiento de las tendencias autoritarias del régimen inducidas por el discurso gubernamental, el debilitamiento de los partidos como instancias de mediación entre la sociedad y el Estado así como las violaciones a los derechos humanos: detenciones masivas arbitrarias de líderes sociales, ejecuciones extrajudiciales, entre otras manifestaciones.

39Con las PSD y PCSD se buscó ganar seguridad a costa de la democracia; derrotar a la guerrilla aplicando la “ética del mal menor” buscando o tolerando el apoyo paramilitar y retribuyendo ese apoyo con una desmovilización que les permitiera preservar sus redes de poder político y económico. Pero hecha la tarea, con el 68,99 % del territorio consolidado según el balance oficial y la guerra confinada a zonas marginales, con la economía en ascenso y masiva afluencia de capitales, especialmente extranjeros, hacia la agroindustria y las industrias extractivas – la inversión extranjera de se elevó de U$ 2 134 millones en el 2002 a U$ 7 201 en el 2009 –, resulta claro que había llegado el momento de la economía. La transición de la PSD a la Política de Prosperidad Democrática (PPD) adoptada por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2010 es el tránsito del énfasis en la seguridad al énfasis en la economía.

40Se trata desde luego de continuidades y discontinuidades en la política. En este nuevo contexto el logro de La Paz es una urgencia mayor como quiera que es necesario ofrecer garantías de seguridad a los inversionistas y, además, legalizar títulos de propiedad en el sector rural, especialmente en aquellas zonas de interés para los proyectos económicos y de infraestructura. Y si ya la guerra interna está localizada en zonas marginales el camino más rápido para alcanzar La Paz podría ser la negociación política, sin ceder en la presión militar. La experiencia de la última década enseña que, a pesar del esfuerzo militar del Estado, las guerrillas pueden sobrevivir durante años en una guerra de desgaste de resultado incierto para las partes. Si se aspira a alcanzar los ambiciosos objetivos de la PPD, La Paz negociada puede ser la mejor opción. Si se logra Colombia estará en el mejor de los escenarios posibles… y eso lo tienen claro el gobierno y los inversionistas.

  • 5 Palabras del presidente Juan Manuel Santos, el dos de abril, con ocasión de la liberación de soldad (...)

41Es aquí adonde se revelan las discontinuidades entre la PPD y la PSD. Si ya se pagaron los elevados costos políticos y en derechos humanos para consolidar la seguridad, es posible llamar a la unidad nacional, no criminalizar a la oposición, fortalecer la institucionalidad democrática y comprometerse con los derechos humanos. Y pagar algo de la deuda social. El reconocimiento del conflicto armado interno, de las víctimas y la política de restitución de tierras sirven al propósito de “sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos” y por ende a la estrategia de unidad nacional. Sin renunciar a la presión militar el Presidente se jugó una carta audaz para ampliar la base social de su gobierno al hacer de la restitución de tierras su programa bandera en lo social. Al hacerlo exacerbó los conflictos de intereses con los poderosos sectores sociales, políticos y económicos representados en el “uribismo” y despertó las resistencias de quienes a lo largo de nuestra historia han fundado su poder político, económico y social en la propiedad de la tierra. Y al mismo tiempo trata de arrebatarle a las guerrillas una de sus banderas históricas. Pero es claro que la restitución de tierras no es una reforma agraria y no revierte la fuerte concentración de la propiedad de la tierra rural. Es más un proceso de normalización orientado entre otros objetivos, a la legalización de los títulos de propiedad, conditio sine quanon para el fortalecimiento del mercado de tierras y la creación de condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas, nacionales y extranjeros, en el sector rural. Para expresarlo con las metáforas en uso, son carbón en la caldera de las locomotoras de la agricultura, léase agroindustria, y de la minería. Y además, según el Presidente, son parte esencial de su política de construcción de paz. Así lo sostuvo en la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y lo reiteró con ocasión de la liberación de los policías y militares que quedaban en poder de las Farc-EP al afirmar que seguiría “trabajando en temas como la consolidación de las zonas afectadas por el conflicto, en temas como la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. ¡Eso es construir las verdaderas condiciones para La Paz!”5 Y la asumió en la práctica al aceptar la discusión sobre el desarrollo agrario integral como el primer punto de la agenda a discutir con las Farc en la Mesa de Conversaciones de Paz en La Habana, en el marco de las negociaciones que se iniciaron desde fines del 2012.

42Estas posiciones no son gratuitas. La guerra ha sido funcional al cambio del modelo de desarrollo rural. Una de las expresiones de su degradación es el desplazamiento forzado, el segundo más alto en el mundo según Acnur: cerca de cinco millones de desplazados forzados a abandonar cerca de ocho millones de hectáreas. [González y Kalmanovitz, 2010] Una parte de estas tierras han sido apropiadas por paramilitares y narcotraficantes. Un estudio de la Contraloría General de la República estima que cuatro millones de hectáreas, el 48 % de las tierras productivas del país, están en manos de narcotraficantes.

43La guerra ha servido de la concentración de la propiedad rural. Entre 1984 y 1998 la pequeña propiedad “perdió 1,75 puntos, la mediana 5,7 y la grande ganó 7,5 en cuanto a superficie” [Wola, 2008, p. 26]. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, en 1984 el 0,4 % de los propietarios poseían el 31 % de las tierras en fundos de más de quinientas hectáreas registradas en Catastro y, en el 2001 tienen el 62 %. En algunas de las zonas expulsoras es ostensible la relación violencia – intereses económicos: “Un ejemplo de esta situación es la ocupación ilegal, por parte de las empresas Palmeiras y Salamanca, del territorio colectivo del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nariño” [Wola, 2008. p. 30]. Una apreciable proporción de las tierras abandonadas y de aquellas en las que se desarrollan megaproyectos corresponden a territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes que el Estado debería proteger, es el caso de las tierras de los desplazados en Jiguamiandó y Curvaradó, donde hoy se desarrollan proyectos palmeros amparados por la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional.

44La ha sido eficaz para la implantación del nuevo modelo de desarrollo rural caracterizado por el fortalecimiento del latifundio, proyectos agroindustriales que expulsores de población, megaproyectos energéticos y de infraestructura que violan los derechos de los pueblos ancestrales y comunidades de campesinos.

45Como alguna vez escribió Bertolt Brecht “Con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres”.

Romper el silencio

46El gobierno se ha jugado una audaz carta política al articular reconocimiento del conflicto, de las víctimas, comprometer procesos de restitución de tierras e iniciar conversaciones de paz con las Farc y, eventualmente, ojalá más pronto que tarde, también con el ELN. Al hacerlo ha marcado distancia con los sectores más retardatarios del país, a pesar de que su política se orienta a consolidar un modelo de desarrollo excluyente y concentrador de la riqueza, basado en la economía extractivista minera y petrolera y en la agroindustria [Zuluaga, 2012a]. Además ha dado pasos en la dirección de replantear la política en derechos humanos al no criminalizar el trabajo en su defensa, despolarizar al país, reconocer los derechos de la oposición y no criminalizarla.

47Los avances en seguridad y el confinamiento del conflicto a los márgenes y fronteras le posibilita el énfasis en la economía, consolidada como está hasta el momento la zona central del país en donde se concentra la atención de los inversionistas y los más importantes megaproyectos mineros, petroleros, viales y agroindustriales. Así como “limpiar” la casa de los apoyos ilegales que en el pasado fueron tan eficaces en la lucha contrainsurgente y en el cambio de modelo de desarrollo rural. Eso exige por lo menos neutralizar al neoparamilitarismo.

48El establecimiento de la Mesa de Conversaciones de Paz en La Habana abre perspectivas ciertas para poner fin a la confrontación armada, lo cual, de lograrse, creará condiciones más favorables para el trabajo de construcción de paz que va más allá del fin de la guerra; su horizonte es la plena vigencia de los derechos humanos y la democracia integral, pero para alcanzarlo es necesario romper el silencio generado por la guerra, para que las voces de los silenciosos de ayer acallen el estruendo de los cañones y una nueva correlación política de fuerzas posibilite avanzar en la construcción y consolidación de la democracia integral. Sin embargo son muchas y fuertes las resistencias por vencer, entre ellas, las de las castas retardatarias que siguen refugiadas en sus privilegios tradicionales dispuestas a defenderlos a cualquier precio.

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Notes

1 En un comienzo los narcotraficantes buscaron espacios políticos en Antioquia y el eje cafetero con Pablo Escobar, que fundó el movimiento Civismo en Marcha, y Carlos Lehder, el Movimiento Latino Nacional.

2 Sectores de las Fuerzas Militares se comprometieron con la organización de estos grupos, tal como lo confesó Castaño: “Nos conectó con un Mayor, ya fallecido, que fue el pionero de las autodefensas en Colombia… quien comenzó a reclutar campesinos, no para el Ejército – siendo activo – sino para las autodefensas y a formarlos y darles capacitación… El Ejército realmente nos formó, nos capacitó para combatir a la guerrilla…” [Entrevista con Carlos Castaño en Germán Castro Caicedo, 1996, p. 157]. Años más tarde, en su primera audiencia de versión libre en el marco del proceso de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso afirmará: “En Colombia el paramilitarismo es política de Estado”.

3 Entre el año 2002 y el 2006, para citar sólo algunos indicadores, se redujeron el número de homicidios en un 40 %, el número de secuestros extorsivos en un 83 %, el número de víctimas en homicidios colectivos en un 72 %, los atentados terroristas en un 61 % y los secuestros en retenes ilegales en un 99 %. Presentación del Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática, Ministerio de Defensa Nacional, Imprenta Nacional de Colombia, Colombia, 2007.

4 Revista Semana del 5 junio de 2005, edición 1205, “Habla Vicente Castaño”, entrevista disponible en http://www.semana.com/noticias-portada/habla-vicente-castano/87628.aspx consultado en marzo de 2013.

5 Palabras del presidente Juan Manuel Santos, el dos de abril, con ocasión de la liberación de soldados y policías. Disponible en www.presidencia.gov.co.

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Table des illustrations

Titre Gráfica1.Población desplazada a diciembre 31 de 2005
Crédits Fuente: Codhes.
URL http://cal.revues.org/docannexe/image/2704/img-1.png
Fichier image/png, 35k
Titre Gráfica2.Total cultivos ilícitos vs. número de hombres de autodefensas ilegales 
Crédits Fuente: Ejército Nacional, Departamento de Estado de los EEUU, Junio 2000.
URL http://cal.revues.org/docannexe/image/2704/img-2.png
Fichier image/png, 20k
Titre Mapa1.municipios con compras de tierras por narcotraficantes, 1995
Crédits Fuente: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEPRI – Universidad Nacional. Proyecto drogas ilícitas en Colombia. Bogotá, Universidad Nacional.
URL http://cal.revues.org/docannexe/image/2704/img-3.png
Fichier image/png, 449k
Titre Gráfica3.Plan consolidación
Crédits Fuente: Dirección de estudios sectoriales VPE/MDN.
URL http://cal.revues.org/docannexe/image/2704/img-4.png
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Titre Cuadro 1. Situación actual de la seguridad y la Defensa nacional (en porcentaje del territorio)
Crédits Fuente: Dirección de estudios sectoriales VPE/MDN.
URL http://cal.revues.org/docannexe/image/2704/img-5.png
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Pour citer cet article

Référence électronique

Jaime Zuluaga Nieto, « Situación actual y perspectivas de la guerra interna », Cahiers des Amériques latines [En ligne], 71 | 2012, mis en ligne le 01 janvier 2014, consulté le 29 mars 2017. URL : http://cal.revues.org/2704 ; DOI : 10.4000/cal.2704

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Auteur

Jaime Zuluaga Nieto

Docente Investigador de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Emérito de las Universidades Nacional de Colombia y Externado de Colombia.

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