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Chronique

México: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Violencia, poder y controles democráticos
Ernesto Isunza Vera
p. 7-14

Texto integral

1¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es la pregunta que nos hacemos en México ante las cotidianas escenas de violencia que se traducen en asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas, enfrentamientos armados, golpizas, desapariciones forzadas, violaciones y lesiones, en medio de la casi total impunidad.

2¿Cómo podemos salir de esto? Más que pregunta, es casi un acto de fe en el futuro, en lo que no se ha querido dejar perder, en lo que nos queda como esperanza para asirnos, una guía en lo más oscuro de la historia reciente de México.

3Dos décadas de cambios políticos en todos los ámbitos de la vida nacional no han dado como resultado, sin embargo, ejemplos de profundización democrática ni grandes procesos de consolidación institucional de los cuales podamos sentirnos orgullosos. Por el contrario, las innovaciones institucionales de la alternancia hoy son vistas con recelo, desconfianza o pleno rechazo.

4Con este telón de fondo, las formas de entender el poder y los posibles controles democráticos del mismo se enfrentan a un mapa que ya no puede elaborarse sin tener en cuenta a los protagonistas del poder fáctico y del poder criminal, los cuales no pueden seguirse pensando como aquellos que colonizan ciertos espacios, actividades o instituciones, ni como aquellos que sustraen determinados territorios del control del Estado mexicano. Por el contrario, la violencia cotidiana como forma de resolver los conflictos ha llegado a implantarse cada vez más como el modo hegemónico (legitimado, impuesto) en amplios ámbitos sociales y espacios geográficos.

  • 1 Esta crónica se basa en una serie de trabajos académicos y una investigación en marcha en el surest (...)

5« ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?» y « ¿Cómo podemos salir de esto?» son, de nuevo, las preguntas que guían estas reflexiones en dos niveles. En un primer lugar, para pensar de forma articulada diversos modos de estudiar el ejercicio contemporáneo del poder y, en un segundo lugar, para imaginar ciertos caminos mínimos de esperanza a partir de prácticas sociales reconocibles en este contexto1.

Miradas del poder

6En México, la crisis en la forma de pensar la legitimidad del poder tras el fin de la guerra fría tuvo su versión local a finales de los años ochenta. Mucho mudó en cuanto a las formas de tomar las decisiones de políticas públicas, y no sólo por la aplicación ortodoxa de las reformas neoliberales. El cambio también se dio por la reconstrucción de la gobernabilidad mediante una serie de reformas en instituciones, la mudanza de actores políticos y la capacidad de reconocer el papel de una sociedad demandante y activa. Sin embargo, el proceso de alternancia en el poder central de la Federación, con la llegada del Partido Acción Nacional a la presidencia en 2000, no transformó realmente las formas de relación entre la sociedad y el Estado, sino que desembocó en una transición con los mismos actores políticos, que monopolizaron los cambios para que en realidad poco o nada cambiara.

7En los espacios regionales y locales (los estados y municipios de la Federación) el régimen, entendido en general como las formas de relación sociedad/Estado, tampoco varió su esencia, y poco a poco se estabilizó en un doble proceso que sólo vino a agudizarse en la segunda década de este milenio con la escalada de violencia nacional: crecimiento de la desigualdad y recentralización de las decisiones de políticas públicas. Del otro lado de la ecuación, la sociedad organizada no fue capaz de mantener el pulso durante tanto tiempo y tantas derrotas, con el nivel de movilización y articulación sectorial/regional/nacional que se observó en los años ochenta, al inicio de este proceso de cambios.

8La participación de la ciudadanía en iniciativas por los derechos políticos y elecciones justas y libres, por los derechos humanos (sobre todo los derechos civiles), por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, por el reconocimiento de las víctimas de la violencia política y la violencia criminal: es decir, las movilizaciones que cíclicamente fueron apareciendo en la esfera pública de la misma forma fueron diluyéndose sin lograr cambiar en su lógica al régimen. Este régimen hermético a la participación ciudadana, sin embargo, modificó o creó algunas instituciones y retomó ciertos discursos y demandas que dichas movilizaciones sociales enarbolaron en estas casi tres décadas de protesta y propuestas : instituciones electorales, ombudsmen, órganos garantes del derecho a la transparencia y acceso a la información, contralorías sociales, ejercicios de rendición de cuentas, hasta llegar al punto de la reforma constitucional de 2013-2014, que define la planeación de las políticas nacionales no sólo como democrática sino también como deliberativa, la cual se debería materializar a través de mecanismos de participación definidos por la ley.

9¿Es acaso la distancia entre norma y realidad un rasgo constitutivo de la política nacional? Sí, pero es más que eso. Nos parece que es un modo de hacer que da por supuesto que la retórica no tiene asidero en la realidad y que el político que así actúa puede permanecer impune, precisamente porque no existen ni dispositivos, ni mucho menos un sistema de controles democráticos que sujeten al poder. El hermetismo a la participación ciudadana y la desconexión de esta con las instituciones de control estatal (accountability horizontal) son características funcionales del régimen político mexicano. En la última década y media, este se ha alineado con dos procesos perversos que deprimen aún más la legitimidad democrática del poder público: la desconfianza en la equidad de las elecciones y en su efectividad como mecanismo de control democrático, por un lado, y la emergencia y consolidación de poderes fácticos y criminales a lo largo y ancho del país, que controlan amplios espacios de la vida pública y privada, por el otro.

  • 2 Cf. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, Instituto Nacional Electoral, (...)

10Esta mirada panorámica dibuja entonces un régimen político en descrédito profundo que cada vez se confunde más con redes de poder fáctico y crimen organizado2. A diferencia de otros países de Sudamérica en décadas pasadas, o de Centroamérica en la actualidad, en México de ninguna manera se trata de un Estado inexistente o retrotraído. Las instituciones del Estado mexicano operan, a pesar de las grandes embestidas y reformas neoliberales de los años noventa y siguientes, en todo el territorio nacional: tanto las fuerzas armadas como las demás dependencias y entidades. Por el contrario, lo que se observa es una operación funcional donde estas instituciones y las políticas que implementan conviven con intereses corruptos consolidados. Estos intereses no sólo están encarnados en actores criminales que cooptan o corrompen servidores públicos o políticos de manera puntual. Más bien el escenario que se observa es el de actores que cumplen roles de servidores públicos, roles de agentes criminales y roles de agentes de poderes fácticos, en una especial configuración del modo de creación de riqueza.

11Un tipo de capitalismo depredador convive funcionalmente con formas sofisticadas e hipermodernas de flujo de capitales y «lavado» del dinero que se produce en cadenas de creación de valor mixtas: agroindustrias tecnificadas conviven con mano de obra casi esclava ; industrias químicas de punta y banca internacional, con producción y distribución de narcóticos; tráfico de personas y trata de seres humanos, con transporte de mercancías y negocios inmobiliarios ; obras civiles de gran escala, con lavado de dinero en escala multipaís; banca internacional y transacciones virtuales, con armas, piezas automotrices robadas y despojos de bienes de los más pobres, etc. Los márgenes no son ya escenario de lo extraordinario y lo desviado, sino el núcleo significativo de nuevas formas de acumulación y el objeto de análisis de la configuración del poder. Es casi un sinsentido seguir pensando en blanco y negro ante un escenario totalmente cargado de tonalidades de grises.

  • 3 Cf. la noción de «oligóptico» de Bruno Latour en Reensamblar lo social, Buenos Aires, Manantial, 20 (...)
  • 4 Cf. el sentido de «cortesano», como el opuesto al «empresario» que corre riesgos, según Edgardo Bus (...)

12¿Qué pasa cuando la mirada panorámica se ancla en una mirada detenida en lo pequeño, en lo local3? Lo que encuentra esta mirada son redes densas de monopolios cortesanos4 en áreas y actividades clave: el transporte público y privado, la venta y distribución de alcohol, la regulación del mercado de trabajo, el monopolio de la fe pública en notarías, corredurías y juzgados, etc. Es decir, el régimen ha cristalizado en el ámbito local en una serie muy densa de arreglos entre personajes públicos que defienden intereses privados no como un fallo o desviación por «debilidades» personales, sino más bien como el modo en que el arreglo entre actores y dispositivos funciona. La corrupción no es un caos formado por una masa amorfa de intereses desconectados, sino un acuerdo (finalmente, un régimen) entre intereses, actores, dispositivos y sistemas que son funcionales a un modo de hacer que actualmente es hegemónico. Sea un ejemplo el mercado de autos que implica aseguradoras, policías de tránsito, multas, venta de piezas robadas y la larga cadena de actores involucrados, la incapacidad de los agentes públicos para romper la lógica de este mercado legal/ilegal ; sea otro ejemplo la imposibilidad de instituciones locales, regionales y federales, de hacer cumplir las normas ambientales y urbanas, especialmente a los cortesanos que crean fabulosas fortunas en pocos años a partir de depredar los bienes comunes (naturales, estéticos, etc.) con viviendas de muy baja calidad y peores servicios, muchas veces financiadas con dineros públicos en el desarrollo del proyecto o en la compensación de las cíclicas quiebras e impagos de empresas. En ambos ejemplos siempre existe una conexión de actores privados con agentes estatales que por acción u omisión defienden intereses privados desde las instituciones públicas. Los contrapesos y organismos de control muy pocas veces pueden activarse y muchas menos veces resultar en un efectivo mecanismo de sometimiento de los poderes fácticos y criminales al Estado de derecho.

13Al contrario de lo que varios corridos, narco corridos y otras narrativas populares ensalzan, no son los pobres y dominados de siempre los que, aunque sea por un momento, son poderosos y se liberan de la situación de sumisión e indignidad, gracias a su participación en las fuerzas armadas estatales o criminales. Por el contrario, los poderes fácticos y criminales, por un lado, y los poderes públicos, por el otro, someten a ciudadanos que consideran prescindibles a los rigores de la supuesta guerra contra el crimen, declarada a mitad de la primera década de 2000 por el presidente Felipe Calderón. Pero lo más grave es que son otras decenas de miles de ciudadanos «prescindibles» los que engrosan las filas de muertos (calificados de «daños colaterales») y desaparecidos de estos enfrentamientos cotidianos entre fuerzas armadas de las que no forman parte ni pueden controlar. Estos ciudadanos «prescindibles» son también las víctimas de un régimen que produce su propia disfuncionalidad y se reproduce a través de ella. Nos referimos al sistema de impartición de justicia y sus incomprensibles retrasos en su proceso de modernización, la incapacidad para crear un auténtico Ministerio Público autónomo (como en otros países del entorno como Colombia y Brasil), la inoperante acción de los órganos de inteligencia fiscal y financiera, la imposible defensa de los bienes comunes (el procomún) como el medio ambiente y el agua frente a los embates del desarrollo urbano depredador, y la impotencia ante los abusos de los empleadores sobre los trabajadores (domésticos, de maquiladoras, de centros comerciales, del campo, de la industria de la construcción, de los servicios, etc.).

Cuando el sentido común se rebela

14Desde estas dos miradas (panorámica y localizada en procesos a pequeña escala) parecen aclararse tres primeras reflexiones. En primer lugar, el generalizado fenómeno de la naturalización de la violencia. Los muertos, desaparecidos y violentados forman parte de algo que se integra en el lenguaje de la vida cotidiana en términos de bajas colaterales de un enfrentamiento entre el bien y el mal, aunque muchas veces las acciones violentas de unos y de otros no pueden discernirse con claridad. La incorporación de supuestas explicaciones sobre la causa de convertirse en víctima, o en amigo o familiar de una víctima, son del tipo «por haber estado en el lugar y tiempo equivocados». Y cuando se está suficientemente cerca (cada vez es menos probable estar a esa cierta distancia), se repite, tratando de creérselo para sentirse a salvo, que «en algo estaría metido» aquel que se convierte en víctima. En esta gramática que naturaliza la violencia como mecanismo hegemónico para resolver conflictos, los actores poderosos (servidores públicos corruptos, agentes de poderes fácticos) expresan con total naturalidad a quien osa confrontar una arbitrariedad con las herramientas del Estado de derecho : «Ubícate, así funciona esto… o ¿tú qué pensabas?».

15En segundo lugar, la violencia no es algo que sobrevuele a los actores y que de pronto se posa en las relaciones cotidianas: la violencia es práctica encarnada en los sujetos. Estos actúan y se interrelacionan basados también en estereotipos que ordenan las valoraciones, las orientaciones cognoscitivas y las estrategias de sobrevivencia. Por ejemplo, un ciudadano con fenotipo indígena (de piel oscura, cabello lacio) de clase baja y joven (ropas holgadas, cabellos cortos, tatuajes) es infinitamente más vulnerable en los puestos de control policiaco y militar que ocupan cada vez más el espacio público en el país. Lo paradójico es que ese mismo fenotipo, aunque con vestimentas diferentes, es el de la mayoría de los agentes de las fuerzas armadas que los detienen en dichos puestos de control. Ser joven moreno y deambular en una colonia popular en horas supuestamente laborables puede interpretarse como una práctica propia de un «halcón» (vigía-informante de grupos criminales); mientras que hacer lo mismo con otro fenotipo y en un fraccionamiento clase media es perfectamente entendido como pasatiempo de quienes con una vida resuelta «pasan su tiempo como jóvenes que son».

16La tercera reflexión que surge de esta observación desde dos perspectivas es el doble estatuto del conocimiento del sentido común como dato pero también como base de la agencia de los actores. Por ejemplo, al final de agosto de 2015 dos hechos confrontaron el conocimiento del sentido común en México: las solicitudes cada vez más generalizadas de homologar la persecución de los delitos fiscales y financieros en el ámbito universal como sucede con los crímenes de lesa humanidad; y la publicación de la primera sentencia en el estado de Nuevo León por el delito de desaparición forzada, con un miembro de las fuerzas armadas del Estado mexicano como responsable. Ambas noticias y sus reacciones nos hablan de un cambio de época en la tarea de fincar responsabilidades de prácticas que sirven de cimiento al uso cotidiano y desproporcionado del poder violento para imponer agendas de beneficio privado. El saqueo de naciones enteras y el rescate de las instituciones con recursos públicos comienzan a percibirse como prácticas inmorales e ilegítimas. Y la lucha contra la desaparición forzada como práctica de combate al enemigo inaugura la posibilidad de dar sentido a las decenas de miles de vidas destrozadas.

Poder y controles democráticos: nunca seremos los mismos

17En síntesis, los diagnósticos de lo político no pueden acotarse a las esferas de la disputa electoral y la conformación del Gobierno representativo, por un lado, y a las nuevas formas de innovación democrática que asume la participación ciudadana en la toma de decisiones y el control de lo público, por el otro. Un mapa que aborde de forma realista quiénes inciden en las decisiones públicas (nacionales, estatales, municipales) debe contar con otros dos tipos de actores clave: el poder fáctico y el poder criminal.

18¿Hasta dónde el Estado democrático de derecho puede cargar sobre sus hombros los arreglos políticos convencionales? ¿Hasta dónde el Estado puede convivir al mismo tiempo con poderes legítimos y democráticos, y con poderes fácticos y criminales? Como salta a la vista por los saldos en costos humanos que ha dejado la generalización de la violencia, este Estado no está diseñado concretamente para resolver de manera no violenta el desafío que esto representa. Porque no se trata de agentes externos que toman el control de un territorio para realizar actividades ajenas a sus contextos, sino que se está hablando de iniciativas enraizadas en un tejido de informalidad, corrupción, complicidad y miseria (material, humana, moral) que da sentido a estas alianzas perversas de servidores públicos y actores privados. Frente a un Estado que convive cotidiana y funcionalmente con la impunidad, lo que hay no son empresarios y mediadores societales, sino cortesanos y parásitos mediadores.

19Ante tal complejidad hace falta pensar estratégicamente para orientar la reconstrucción del régimen a partir de recentrar a la ciudadanía como agente del cambio. Y no porque la sociedad sea portadora de un bien intrínseco frente al mal de los actores gubernamentales. Sino porque la lógica de los controles democráticos obliga a someter el curso de acción de los servidores públicos al mejor interés de los representados, mediante una trama de dispositivos diseñados para tal fin: mantener al poder público sometido al control democrático también entre momento electoral y momento electoral. La democratización de las decisiones públicas, mediante dispositivos concretos de diálogo y deliberación públicos, no sólo introduce las ventajas de la gobernanza que la literatura especializada reconoce, sino que también cumple un papel de reeducación social para resolver los conflictos de manera no violenta. La participación ciudadana orientada al control cotidiano del poder público ejerce funciones de publicidad ahí donde los poderes fácticos y criminales han privatizado la vida económica y la vida política por el baremo de la corrupción como mecanismo de acción estatal. Y porque cuando hablamos de controles democráticos, también nos referimos a la activación de controles intraestatales que materializan los contrapesos del ideario republicano. El Estado de derecho sólo tiene sentido cuando somete a unos y a otros a la obediencia de reglas iguales para todos.

Entre brumas y desorden… ¿hacia la innovación democrática?

20La visión que hace borroso el análisis de la realidad que estamos describiendo no es neutral. Antes bien, ahonda la desigualdad entre actores cada vez más poderosos e incontrolados (precisamente por la forma de intervención del Estado en las disputas) y una ciudadanía que organizada o individualmente cada vez es más vulnerable a la violencia y la impunidad. La bruma entre las delimitaciones ordenadoras formal/informal, legal/ilegal o público/privado es una realidad incontestable; pero también es un tipo de acuerdo, una forma de régimen, que ahonda la desigualdad: las prácticas violentas cotidianas se materializan en hechos tan sensibles para la mayoría de la población como la provisión de servicios, el sesgo concreto de las políticas públicas y los costos sociales, ambientales y morales de actividades de creación y acumulación de valor.

21En este sentido, la innovación democrática se convierte en una necesidad de sobrevivencia y deja de ser sólo un proyecto político-cultural más. Porque este proyecto político-cultural implica tres elementos que erosionan el status quo descrito: la reivindicación popular del Estado de derecho, la generalización de mecanismos de controles democráticos no electorales y la resignificación de lo público como valor civilizatorio central.

22Desde el polo de la actividad académica y de la investigación social en particular, se abren desafiantes horizontes. Ahora menos que nunca, contamos con el lujo de estar aislados de la realidad circundante. Y esto significa redoblar esfuerzos para crear conocimiento social y científicamente relevante. Lo que no podemos perder de vista es el enorme cúmulo de experiencia existente en otras latitudes, muy señaladamente en nuestro entorno latinoamericano. Una de las enseñanzas de comunidades científico sociales de este entorno es recuperar formas de protección de otras comunidades como la de defensores de derechos humanos y periodistas.

23Como en la experiencia de otros colegas, la dimensión de la violencia no es algo que uno fue a buscar como curiosidad científica, sino que es algo que nos encontramos en el trabajo de campo, la docencia y la práctica política. Ciertamente es peligroso abordar estos temas, pero es más peligroso no hacerlo.

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Notas

1 Esta crónica se basa en una serie de trabajos académicos y una investigación en marcha en el sureste de México.

2 Cf. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, Instituto Nacional Electoral, 2014.

3 Cf. la noción de «oligóptico» de Bruno Latour en Reensamblar lo social, Buenos Aires, Manantial, 2008.

4 Cf. el sentido de «cortesano», como el opuesto al «empresario» que corre riesgos, según Edgardo Buscaglia en Vacíos de poder en México, México, Debate, 2013.

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Para citar este artigo

Referência do documento impresso

Ernesto Isunza Vera, «México: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?»Cahiers des Amériques latines, 79 | 2015, 7-14.

Referência eletrónica

Ernesto Isunza Vera, «México: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?»Cahiers des Amériques latines [Online], 79 | 2015, posto online no dia 25 fevereiro 2016, consultado o 29 março 2024. URL: http://journals.openedition.org/cal/3610; DOI: https://doi.org/10.4000/cal.3610

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Autor

Ernesto Isunza Vera

Ernesto Isunza Vera est docteur en sciences politiques et sociologie (Universidad Complutense de Madrid) et titulaire d’un master en sociologie (Universidad Veracruzana, Mexique). Il est enseignant-chercheur au Centre de recherche et d’études supérieures en anthropologie sociale (Ciesas, Mexique) depuis 1998, et y a également été directeur académique, avant d’être aujourd’hui directeur régional de l’Unité du Golfe et du Centre d’inspection sociale et d’étude de la construction démocratique (CCS-Ciesas). Il a été enseignant-chercheur invité à l’Universidad Veracruzana et au Colegio de la Frontera Norte, au Mexique ; ainsi qu’à l’Universidad de Los Andes en Colombie, à l’Universidad Estatal de Campinas au Brésil et à l’Institut d’études politiques à Paris et Poitiers.

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